CASOSAISLADOS

Después de meses de investigación sobre cómo se llevó a cabo la compra de Marina Port Vell por parte del fondo Salamanca Group, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha suspendido las investigaciones que se iniciaron en 2014 a partir de la sospecha de que existió trato de favor por parte del Ayuntamiento de Barcelona y de la Autoridad Portuaria a los nuevos propietarios de la infraestructura portuaria.

Salamanca Group es un banco de negocios con sede en Londres que gestiona activos internacionales por valor de 4.500 millones de libras. Opera en el sector inmobiliario, la minería y el sector marítimo entre otros ámbitos.

En las conclusiones a las que ha llegado el organismo catalán de lucha contra la corrupción en el sector público se constata la inexistencia de indicios suficientes para remitir las investigaciones a la fiscalía, según ha podido conocer este medio. El llamado 'caso Marina Port Vell' suscitó expectación mediática y convulsión en la política municipal de Barcelona ante la supuesta implicación de algunos altos cargos del consistorio a pocos meses de las elecciones locales.

Entramado empresarial

La OAC que dirige Daniel de Alfonso envió a mediados de diciembre pasado su informe definitivo al Servicio Especial Para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España por si una vez concluida su investigación esta entidad especializada en el control de los flujos financieros pudiera apreciar algún hecho irregular en los movimientos de fondos con los que se realizó la adquisición. Fuentes jurídicas consultadas señalan que este traslado es un trámite habitual y no constituye una sospecha en sí mismo.

A resultas de las comprobaciones realizadas por la OAC se constató que la adquisición por parte de Salamanca Group se realizó a través de un complejo entramado de empresas, algunas de ellas domiciliadas en Chipre (que en 2010 era considerado por algunos como un paraíso fiscal por tener una fiscalidad más favorable a las empresas que otros países miembros de la Unión Europea) o en estructuras off-shore radicadas fuera de la Unión Europea.

Martin Bellamy, consejero delegado de Salamanca Group, explicó en noviembre pasado que su grupo cuenta con miles de clientes en diferentes países del mundo, entre ellos rusos, chinos, españoles, franceses, ingleses, franceses y suizos. Uno de los aspectos que provocó más interés a los investigadores fue la relación del banco de negocios con algunos magnates rusos, entre los de destacaban altos cargos de la petrolera Lukoil. De hecho, la compañía rusa posee otros intereses empresariales en el Puerto de Barcelona.

Procedimiento usual en la inversión

En opinión de expertos consultados, el procedimiento de utilizar estructuras fiscales más ventajosas es usual en las inversiones extranjeras que aterrizan en España. De hecho, según las mismas fuentes, no constituye en sí ningún delito ni falta si el origen de los fondos no es ilícito y su transferencia se hace con conocimiento del Banco de España. En este caso, la autoridad financiera fue informada, según ha podido saber este medio en fuentes próximas al caso.

En el informe de Antifraude que concluye la investigación, sin embargo, se insta al Ayuntamiento de Barcelona a que ante inversiones de esa magnitud en las que participe como administración extreme los controles a los que está obligado. El resto de cuestiones que fueron denunciadas (y relativas a eventuales tratos de favor por parte de altos cargos municipales) no han podido ser comprobadas y quedan directamente archivadas.

Antoni Vives, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias y uno de los implicados, comienza a erigirse en uno de los grandes protagonistas de la cuarta fase de la operación contra la trama del 3% en 2017. Aparte de las actuaciones que pudieran implicar supuestamente a CDC, los investigadores están indagando si el exresponsable de Urbanismo del consistorio de la capital catalana se llevaba comisiones ilegales a espaldas de su propio partido.

Investigado por la supuesta contratación fraudulenta de personal en la agencia metropolitana Barcelona Regional, la justicia también sigue el rastro a Vives por si estuviera implicado en un supuesto caso de corrupción relacionado con la compra de Marina Port Vell y el proyecto para instalar un embarcadero de lujo para megayates. Hasta la Oficina Antifrau de Catalunya investiga si la compra de la Marina Port Vell en el 2010 a cargo del fondo británico de inversión Salamanca no es más que una actuación a través de una sociedad pantalla de la que al final quienes sacan beneficio son varios oligarcas rusos con inversiones radicadas en paraísos fiscales. A finales del 2015, Vives, ya fuera de la política, constituyó la consultora City Transformation Agency, dedicada a asesorar empresas y administraciones públicas. La socia de Vives en esta compañía es la que fue su directora de proyectos, Maria Sisternas, con quien impulsó, entre otras, la reforma del Port Vell.